La Sala IV declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad y anuló el mecanismo de contratación que se estableció para nombrar a 1.700 interinos. Sin embargo, consideró que los puestos fueron obtenidos de buena fe y los trabajadores conservarán sus empleos.

María Elena Delgado, quien obtuvo su puesto en propiedad en el Instituto Nacional de Aprendizaje mediante un decreto que rigió entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011, respiró ayer tranquila tras días de zozobra. Al igual que ella, unos 1.700 trabajadores más están seguros de que mantendrán su puesto.

Al menos así lo interpreta José Joaquín Arguedas, director general del Servicio Civil, y Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) luego de la publicación de la sentencia completa del voto 5151−13, del 17 de abril del 2013.

Mediante ese voto, la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad y anuló el mecanismo de contratación que se estableció mediante un decreto del 10 de diciembre del 2010.

Dicho decreto, negociado entre la ANEP y el Gobierno, permitió que entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011 cerca de 1.733 trabajadores interinos fueran nombrados en propiedad mediante un procedimiento diferente al utilizado tradicionalmente.

Para Arguedas y Vargas, la Sala IV consideró que los puestos fueron obtenidos de buena fe. Ayer no fue posible obtener la interpretación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

¿Qué sigue?

No obstante, hay otro grupo de unos 4.000 trabajadores que están interinos actualmente que siguen en ascuas pues, por otro fallo de la Sala Constitucional de diciembre pasado, a partir del 6 de diciembre de este año el Servicio Civil debe hacer una prueba de conocimiento a los candidatos que participan para obtener un puesto en propiedad; empero, la entidad no tiene dinero para hacerla.

Es por esta razón que la ANEP planeaba impulsar un segundo decreto; no obstante, tras la lectura de la sentencia de la Sala IV, ahora esa opción está descartada.

"Ya no hay posibilidad, un segundo decreto es irreal, con una primera ojeada (a la sentencia) vemos que ya no es posible; el problema se hace más crónico porque el 6 de diciembre empieza el nuevo sistema, esas 4.000 personas deberían tener una alternativa. A mí se me ocurre que la única alternativa es que pase por la Asamblea Legislativa", dijo el sindicalista.

Vargas dio sus declaraciones en una marcha convocada ayer por la ANEP frente a la Corte Suprema de Justicia a la cual asistieron pocos trabajadores, unos 24.

Rafael Mora, asesor de la ANEP, atribuyó la poca asistencia a que los trabajadores conocieron de la publicación de la sentencia durante el fin de semana.

Vargas reconoció que esta es una de las muchas dificultades que tiene el actual sistema de empleo público.

El viernes pasado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) pidió a la Administración Pública reformar cuanto antes el Estatuto del Servicio Civil, con el fin de incorporar estudios de productividad sobre las tareas que desarrollan los empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios.

Esto, luego de conocerse el incremento del ausentismo de los trabajadores por incapacidades.

El Gobierno hizo una propuesta de proyecto de ley, pero los sindicatos la rechazaron por considerarla fiscalista.

Fuente: Entorno Inteligente