La empresa Valot, encargada de convertir papel y fabricar los reconocidos productos de limpieza que llevan ese nombre, tiene una de sus tres plantas en la provincia de San Juan. Un centenar de sus 500 empleados, trabaja en esa fábrica, en parte, gracias a los beneficios impositivos del que gozan otras 93 empresas radicadas en esa provincia, alentadas por el régimen de promoción industrial, instaurado en 1979. “Valot, es una firma argentina, que participa de todos los eslabones productivos, que no terceriza nada y que, si no se renueva el régimen de promoción industrial, analizará posibilidad de prescindir de esa planta, señaló su gerente Alejandra Figueirido.

El problema es que, a fin de año, caducan los beneficios asociados a la ley de promoción industrial que rige desde hace 35 años para San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis. Esos beneficios son la reducción del pago del IVA, de Ganancias y de los derechos que gravan importaciones.

Actualmente las empresas todavía tienen un cupo, es decir que parte de esos beneficios no fueron utilizados. Entre las cuatro provincias, el perjuicio de que no se renueve el sistema de promoción, recaería en unas 500 empresas que generan 100 mil puestos de trabajo que aportan una masa salarial que ronda los $4.000 millones anuales.

Los representantes de las Uniones Industriales de esas cuatro provincias están en alerta: “Nuestro pedido es continuar con la política de promoción solo para las empresas ya instaladas en las provincias”, dicen. Los empresarios se muestran dispuestos “a invertir el 50% de las ganancias”, aseguran.

Sin embargo, la pelea promete ser dura. Si bien se habló de una prórroga que podría firmar Cristina Kirchner, el inconveniente es el costo fiscal ($ 8.000 millones) que implica mantener las exenciones .

Pero los empresarios insisten en que el incentivo es necesario para completar el proceso de reindustrialización que se logró en esas provincias. “Las empresas tienen sobrecostos que, en otros lugares no hay: la energía es mas cara, el agua más inaccesible ”, cita Jorge Sorabilla, referente de la Union Industrial de La Rioja. El empresario textil, cuenta que, en su provincia están en juego 10 mil puestos de trabajo y que, la mayoría de las firmas acogidas a la promoción lo perderán a partir del 2013.

Un cálculo estimado por los empresarios indica que las empresas podrían perder entre 5 y 10% de su facturación. 

Según la utilizacion del bono fiscal que tengan, las afectaciones pueden ser de distinto grado. “El principal perjuicio es empezar a involucionar”, resume Sorabilla. El empresario se refiere al efecto multiplicador del proceso: “las contrataciones que hacemos a infinidad de pequeñas empresas que prestan variados servicios a las industrias como las tornerías, imprentas, librerías, catering y seguridad entre otras”, planteó.

Néstor Pepe, de la Cámara Industrial de San Luis, apunta que en esa provincia, hay 213 empresas bajo el régimen de promoción.

Según Pepe, la desafectación de las industrias provinciales “podría derivar en situaciones sociales no deseadas. Por ejemplo que quienes trabajan en esas industrias migren a zonas más concentradas como la Capital Federal.

Entre tanto, los líderes sindicales de esas provincias enviaron una carta a Cristina Kirchner para pedirle que prorrogue los beneficios impositivos a las fábricas instaladas en la región.

Fuente: El Clarín