Ser taxista, abrir un changarro, ocuparse en el ambulantaje vendiendo discos pirata u ofrecer servicios diversos a destajo, ha pasado de ser una opción de empleo temporal para los jóvenes mexicanos a una preocupante realidad: 71.1% de ellos trabaja en la informalidad.

En México trabajan 9 millones 330,000 jóvenes de entre 14 y 24 años de edad. 7 de cada 10 lo hace en el sector informal, por lo que 6 millones 638,000 trabajan por salarios precarios, sin protección social ni prestaciones ni derechos laborales, y en sectores de baja productividad.

Para dimensionar el número de jóvenes informales en México, equivale a la población total de Paraguay o dos veces a la población total de Uruguay.

Thomas Wissing, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, advierte que si los jóvenes permanecen en la informalidad corren el riesgo de convertirse en una generación perdida que, por no tener acceso a empleos formales, contribuyen a frenar el desarrollo propio y el del país.

"Los jóvenes llegan al mercado de trabajo con muchas expectativas y con ganas de trabajar, pero actualmente no están encontrando las posibilidades de articular sus competencias de lo aprendido en las aulas con lo que el mercado laboral ofrece", afirma en entrevista con EL FINANCIERO.

El porcentaje de jóvenes que trabaja en la informalidad supera el índice de informalidad registrado para la población ocupada en general en ese sector, que es de 59.8%, basados en cifras al cuarto trimestre de 2012 recién publicadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Asimismo, el porcentaje de jóvenes mexicanos que labora en la informalidad está por encima del promedio para América Latina y el Caribe, donde el indicador se ubica en 60%, indica un reporte de la OIT.

Los poco más de seis millones de jóvenes mexicanos que trabajan en la informalidad representan, a su vez, 23% del total de informales del país, que asciende a 28 millones 867,00 personas.

Con relación a Latinoamérica y el Caribe, México aporta 25% de los jóvenes informales; ello, si se considera que en la región laboran en esa condición 27 millones de jóvenes. 

Actividades

Genaro Aguilar, investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Miguel Ángel Corro, director del Departamento de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, coinciden en que alrededor de 60% de los jóvenes que se ocupan en la informalidad lo hacen en los servicios y el comercio.

Del resto, 30 % trabaja en la industria o en la construcción, y 10 % son profesionistas, quienes al no encontrar un empleo formal recurren a la informalidad como un trabajo "temporal" mientras se abren puertas acordes a su preparación y habilidades.

Aguilar plantea que los jóvenes no encuentran empleos formales porque -derivado de la crisis de 2009- las empresas no han conseguido reconstruir sus procesos productivos y, por lo tanto, no generan puestos de trabajo porque no están vendiendo sus productos y el mercado interno está débil.

"El mayor problema de que vayan en aumento los jóvenes en la informalidad es que se vuelvan improductivos para elevar la competitividad y productividad del país."

Desventaja económica

Corro alerta que los jóvenes en la informalidad podrían convertirse "en nuestra mayor desventaja económica frente al mundo".

Así que si no se observa el tema del empleo juvenil como un problema estructural que requiere soluciones que vayan más allá de una reforma laboral o de acuerdos políticos, "éstos podrían convertirse en una bola de nieve en caída libre.

"Tener a estos jóvenes en la informalidad implica que es un trabajo no necesariamente permanente, que no tiene prestaciones, y que al ser un trabajo no vinculado a determinados sectores que sean medibles de desempeño, pues no hay carrera ahí adentro, como sí puede ocurrir en la formalidad."

Cabe mencionar que en el Pacto por México no se delinea una política de empleo en beneficio de los jóvenes; sólo se menciona la aplicación de un Programa de Empleo para Jóvenes, pero está focalizado en la prevención del delito en los municipios del país con más violencia.

Fuente: El Financiero